Andrew McCarthy: un hombre valiente

En estos tiempos en que la gente honrada y decente comienza a temerle al gobierno, porque luego pueden aparecer como posibles terroristas domésticos por participar, por ejemplo, en una protesta como la del 15 de abril, las famosas Tea Tax Party, de cuyos participantes hasta el "ungido" se ha expresado despectivamente por hacer uso de su derecho constitucional a protestar públicamente, resulta verdaderamente estimulante que un ciudadano se decida escribir una carta para declinar una invitación a una reunión convocada por el Fiscal General y lo haga manteniendo la elegancia y corrección que corresponden a una persona educada, pero que a la vez no deja de decir lo que piensa en su negativa a dejarse utilizar por el poder para una simulación descarada con la que pretende justificar una política errónea y peligrosa para nuestra Seguridad Nacional.

El autor de la carta que reproducimos en español a continuación es Andrew McCarthy editor de Nacional Review Online y ex fiscal federal de los Estados Unidos, quien tuvo a su cargo la acusación y logró la convicción a cadena perpetua del terrorista islamista Sheikh Omar Abdel Rahman por el primer ataque a las Torres Gemelas en 1993. Quienes quieran leerla en inglés pueden hacerlo aquí.

Nobama se honra en publicar la carta íntegra en español.
Nueva York, 4 de mayo de 2009

A continuación la carta:

1ro de mayo de 2009

Por e-mail (a la División de Contraterrorismo) y por correo regular:

Honorable Eric H. Holder, Jr.
Fiscal General de los Estados Unidos
Departamento de Justicia de los Estados Unidos
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, D.C. 20530-0001

Estimado Fiscal General Holder:

Respetuosamente le envío esta carta para informarle que debo declinar la invitación a participar en la reunión de mesa redonda del 4 de mayo que la Fuerza de Tarea del Presidente sobre Política de Detención está convocando con pasados y actuales fiscales involucrados en casos de terrorismo internacional. Una invitación me fue extendida por los abogados de la Sección de Contraterrorismo, integrantes de la Fuerza de Tarea que usted dirige.

El e-mail de invitación (del 14 de abril) señala que la reunión forma parte de un esfuerzo en progreso para identificar políticas legales acerca de la detención y disposición de combatientes enemigos extranjeros, o lo que el Departamento ahora llama “individuos capturados o apresados en conexión con conflictos armados y operaciones de contraterrorismo”. Yo admiro a los abogados de la División de Contraterrorismo y no cuestiono su buena fe. Sin embargo, resulta bien claro, más recientemente, por sus provocadoras opiniones expresadas el miércoles en Alemania, que la administración Obama, ya ha decidido establecer una política de liberar jihadistas entrenados (incluyendo la liberación de algunos de ellos en los Estados Unidos). Cualesquiera que fueren las buenas intenciones de los organizadores, la reunión sería obviamente utilizada por la administración para decir que se llegó a la adopción de esta política en consulta con funcionarios gubernamentales actuales y pasados experimentados en casos de terrorismo y en temas de seguridad nacional. Yo discrepo profundamente con esta política, la que creo es una violación de la ley federal y una traición a la primera obligación del presidente que es proteger al pueblo norteamericano, por lo que pienso que lo mejor que puedo hacer es dejar constancia de mi desacuerdo, en lugar de permitir que se me use como instrumento de propaganda.

Más aún, a la luz de los pronunciamentos públicos tanto de usted como del Presidente, es perturbadoramente claro que, bajo su liderazgo, el Departamento de Justicia asume la posición de que un abogado que de buena fe ofrezca consejo legal a quienes establecen las políticas gubernamentales, como los abogados del gobierno que ofrecieron de buena fe su consejo en relación con la política de interrogación, pueden estar sujetos a investigación y enjuiciamiento a causa del contenido de ese consejo, además de acusaciones de mala conducta ética sin fundamento pero dañinas. A causa de esta situación, cualquier abogado prudente tendría que dudar antes de ofrecer consejo al gobierno.

Por otro lado, como aclaro en mi escrito (incluyendo mi proposición de un nuevo Tribunal de Seguridad Nacional, la que según entiendo la Fuerza de Tarea ha examinado), creo que un combatiente enemigo extranjero debe estar detenido en la Bahía de Guantánamo (o en una instalación similar) hasta que cesen las hostilidades. Esta medida de seguridad nacional está profundamente enraizada en respetables leyes de la guerra y fue reafirmada por la Corte Suprema en el caso Hamdi de 2004. Aunque tan reciente como el miércoles, usted afirmó que, a su juicio, esas nociones violan el “compromiso con el respeto a la ley” de los Estados Unidos. En verdad usted argumentó: “Nada simboliza más nuestro nuevo rumbo (de la administración) que nuestra decisión de cerrar la prisión de la Bahía de Guantánamo…. El Presidente Obama cree y yo estoy completamente de acuerdo, que Guantánamo ha llegado a representar una época y un enfoque que queremos dejar atrás: la no atención de nuestro respeto por siglos al cumplimiento de la ley[.]” (Énfasis añadido).

Dada su política de conducir funestas investigaciones criminales y éticas de abogados por el consejo que ofrecen al gobierno y por su posición específica de que la detención en tiempo de guerra que yo apoyaría, es equivalente a una violación de la ley, no tiene mucho sentido mi presencia en la reunión de la Fuerza de Tarea. Después de todo, mi opción sería guardar silencio o comprometerme a mí mismo.

Por lo que de valor pudiera tener, debo decir que durante ocho años hemos sostenido en los Estados Unidos un fuerte debate acerca de cómo resolver la situación de los terroristas extranjeros capturados durante una guerra defensiva autorizada por el Congreso después de que cerca de 3000 de nuestros conciudadanos norteamericanos fueran aniquilados. Esencialmente han existidos dos campos. Uno que está por juzgarlos en el sistema de justicia criminal civil, la estrategia seguida durante los años 90. La otra está por un enfoque de justicia militar de detención del combatiente y enjuiciamiento por crímenes de guerra por una comisión militar. Debido a que ambas teorías tienen sus aspectos negativos, muchos comentaristas, incluyéndome yo, hemos propuesto una tercera vía: un sistema híbrido, diseñado para las realidades del terrorismo internacional moderno, un nuevo sistema que tome en cuenta la necesidad de proteger nuestros secretos de defensa clasificados y que asegure a los norteamericanos, así como a nuestros aliados, que estamos deteniendo a quiénes corresponde.

Existen diferencias en esas diferentes propuestas. Pero quienes las proponen y quienes apoyan tanto el enfoque de justicia militar como civil, están de acuerdo al menos en una cosa: Los terroristas extranjeros entrenados para ejecutar ataques asesinos masivos, no pueden simplemente ser liberados mientras se esté todavía librando la guerra y los norteamericanos sean todavía blanco de sus acciones. Ya hemos liberado demasiados jihadistas quienes al día siguiente han retomado su actividad de complotarse para asesinar norteamericanos. De hecho, según informes recientes, un detenido liberado de Guantánamo, ahora lidera las operaciones combativas del Taliban en Afganistán, sitio al que el Presidente Obama acaba de enviar fuerzas militares norteamericanas adicionales.

La campaña de Obama calumnió a la prisión de la Bahía de Guantánamo como una mancha para los derechos humanos. Consistente con esa retórica hiperbólica, el Presidente comenzó su administración prometiendo el cierre del campo de detención en el plazo de un año. El Presidente lo hizo a pesar de que él y usted (a) coinciden en que Gitmo es una instalación de detención de alto vuelo, (b) reconocen que nuestra nación está todavía en guerra y (c) reconocen que muchos detenidos en Gitmo son terroristas extremadamente peligrosos que no pueden ser juzgados según las reglas de los tribunales civiles. Resulta evidente que el compromiso de cerrar dentro de un año la prisión de la Bahía de Guantánamo se hizo sin mediar un plan de qué hacer con esos detenidos que no pueden ser juzgados. Consecuentemente, la Fuerza de Tarea sobre Política de Detención no resulta un esfuerzo para arribar a la mejor política. Es un esfuerzo para justificar una mala política que ya ha sido adoptada: a saber, la política de la administración Obama para liberar directamente terroristas entrenados, si eso es lo que se necesita para cerrar Gitmo en enero.

Obviamente, yo no tengo poder para evitar que la administración libere operativos de alto rango de Al Qaeda, quienes planearon ataques para asesinatos masivos contra ciudades norteamericanas, tales como Binyam Mohammed (el cómplice del “Dirty Bomber” Jose Padilla) a quien la administración transfirió recientemente a la Gran Bretaña, donde ahora está en libertad y vive de la asistencia pública. De igual forma no tengo ningún poder para evitar que la administración admita en los Estados Unidos a jihadistas extranjeros como los restantes 17 detenidos Uighur. Según Dennis Blair, Director Nacional de Inteligencia, los Uighurs aparentemente vivirán libres, recibiendo ayuda económica de los contribuyentes norteamericanos, a pesar del hecho de que están afiliados a una organización terrorista y que han recibido entrenamiento paramilitar terrorista. Bajo la Ley Federal de Inmigración (2005 REAL ID Act), esos factores los hacen excluibles para entrar a los Estados Unidos. La inminente liberación de los Uighurs resulta una acción notoria dada la propensión de la administración Obama a escarnecer la supuesta insensibilidad ante el cumplimiento de la ley de su predecesor.

Yo soy, además, impotente para detener al Presidente, al dar estos pasos imprudentes, de usar como gancho su Fuerza de Tarea sobre Política de Detención, para demostrar su seriedad en la Seguridad Nacional. Pero sí puedo negarme a participar en esa falsedad.

Finalmente, repito que respeto y admiro la dedicación de los abogados del Departamento de Justicia, a quienes he defendido sin descanso desde que me retiré como vicejefe de fiscales federales en el Distrito Sur de Nueva York en 2003. Fue un honor único haber servido como fiscal federal durante cerca de 20 años en administraciones de ambos partidos. Tuve el más grande honor de mi vida cuando al equipo de fiscales que dirigía se le concedió en 1996 el Premio al Servicio Excepcional por el Fiscal General, después que garantizamos las convicciones de Sheikh Omar Abdel Rahman y sus subordinados por librar una guerra contra los Estados Unidos. Particularmente agradezco el haber recibido el premio de manos de la Fiscal General Reno, porque como narro en Willful Blindness, mi libro acerca del caso, sin su firmeza contra la oposición de funcionarios gubernamentales de corta visión, quienes querían liberarlo, el “Sheik Ciego” jamás hubiese sido acusado y mucho menos convicto y en consecuencia, merecidamente sancionado a cadena perpetua. En cualquier circunstancia, siempre he creído que defender a nuestra nación es un deber ciudadano y no ideológico. Por lo que, haciendo dejación de mis puntos de vista políticos conservadores, siempre he manifestado mi disposición a colaborar con grupos liberales y conservadores, Demócratas y Republicanos, que pensaron que usar mi experiencia sería beneficioso. Me duele declinar su invitación, pero las presentes circunstancias no me dejan otra opción.
Atentamente,
/F/
Andrew C. McCarthy

cc: Sylvia T. Kaser and John DePue
National Security Division, Counterterrorism Section